JZI y el desafío de redefinir la gobernanza corporativa



Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a adquirir el control en alrededor de veinte compañías utilizando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a formarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión mediante una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.

Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían Sugerencias adicionales operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de dos meses.

Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y gestores en el ámbito del capital riesgo..

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